Las entidades estadounidenses están un paso más cerca de alcanzar la transparencia de beneficiarios finales

La Ley de Transparencia Corporativa se promulgó el 1 de enero de 2021, como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2021. Exige a las entidades estadounidenses que divulguen información sobre la titularidad efectiva a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. El expresidente Donald Trump había vetado el proyecto de ley el año pasado, pero el Congreso rechazó su veto y aprobó la ley.

Las entidades que tienen la obligación de cumplir con la nueva legislación incluyen empresas consolidadas, así como también empresas de responsabilidad limitada (LLC) recién formadas y corporaciones. Si una entidad se formó antes de que la ley entrara en vigencia, tendrá dos años después de la fecha efectiva de publicación de la reglamentación final para cumplir con los requisitos de la Ley.

La información recopilada por la FinCEN no estará disponible públicamente ni las declaraciones de titularidad estarán disponibles de forma general para los estados. Los detalles de los requisitos de informe conforme a la Ley se incluirán en las regulaciones del Tesoro de EE. UU. y se publicarán a más tardar un año después de la promulgación de la Ley. Los requisitos de informe entrarán en vigencia el mismo día que las regulaciones del Tesoro.

Mientras los propietarios de empresas esperan nuevas pautas, estas son las respuestas a algunas preguntas iniciales:

¿Qué empresas se consideran “empresas declarantes”?

El tipo de entidad que debe proporcionar información de titularidad a la FinCEN se conoce como “empresa declarante”, que incluye una corporación, una empresa de responsabilidad limitada o alguna otra entidad similar que:

• se creó mediante la presentación de un documento ante el Secretario de Estado u oficina similar conforme a la legislación estatal o tribu indígena; o
• se formó conforme a la ley de un país extranjero y se registró para operar comercialmente en los Estados Unidos mediante la presentación de un documento ante un Secretario de Estado u oficina similar según las leyes de un estado o tribu indígena,

Si bien no se establece específicamente en la Ley, es probable que las asociaciones y los fideicomisos que se formen y registren dentro de los EE. UU. se consideren "entidades similares", según se describe en la definición de "empresa declarante" y, por lo tanto, estas entidades probablemente quedarán sujetas a los requisitos de la Ley.

¿Cuáles son las entidades exentas?

Las entidades estrictamente reguladas como las cooperativas de crédito, las empresas tenedoras de bancos, las empresas transmisoras de dinero registradas, los agentes bursátiles, las agencias de cambio y liquidación de divisas, los asesores en inversiones, los fondos privados, los bancos, las aseguradoras y las empresas de servicios públicos o de servicios de telecomunicaciones, no están sujetas a los requisitos de informe de la Ley. Las entidades exentas incluyen las siguientes:

• empresas que cotizan en bolsa;
• entidades inactivas, según se describe en la Ley;
• entidades exentas de impuestos;
• entidades sujetas a impuestos que tienen:
  • más de 20 empleados estadounidenses de tiempo completo
  • una oficina física en los Estados Unidos y
  • más de $5 millones en ingresos brutos o ventas (incluidos los ingresos o ventas por otras entidades que pertenecen a esta entidad y a través de las cuales opera esta entidad)
• cualquier entidad que pertenece a o está bajo control de, directa o indirectamente, una entidad que de otra forma es exenta,
• otras entidades que la FinCEN puede determinar periódicamente.

¿A quiénes se considera beneficiarios finales?

Estos son beneficiarios finales, según se define en la Ley, con ciertas excepciones:

• una persona natural que tiene un control sustancial sobre la empresa;
• posee el 25 % o más de la participación patrimonial en una empresa o
• recibe beneficios económicos sustanciales de los activos de una empresa.

¿Qué información se solicitará de los beneficiarios finales?

Si bien la Ley de Transparencia Corporativa prohíbe la emisión de un certificado al portador que evidencie la participación total o parcial en la titularidad de cualquier corporación, empresa de responsabilidad limitada u otra entidad similar formada conforme a las leyes de cualquier estado o tribu indígena, no exige lo siguiente:

• nombre legal completo;
• dirección residencial o comercial actual;
• fecha de nacimiento; y
• número de identificación (por ej., licencia de conducir o número de pasaporte).

¿Cuáles son las multas por falta de cumplimiento?

Las multas pueden incluir sanciones monetarias de no más de $500 por cada día en que no se presente deliberadamente información completa de titularidad efectiva. Además, las partes o empresas que deben informar pueden estar sujetas a multas acumuladas de hasta $10,000 o prisión de hasta dos años.

La Ley incluye las reglas en virtud de las normas safe harbor de datos para cualquier persona que envíe información de titularidad efectiva imprecisa, siempre que esa persona no estuviera al tanto de la imprecisión, no hubiera intentado evadir el requisito de informe y corrija la información a más tardar 90 días después del envío del informe inicial.

La Ley de Transparencia Corporativa recién promulgada tiene como objetivo aumentar la transparencia entre las empresas y las agencias del gobierno federal, siempre que se presente información útil en relación con la seguridad nacional, la inteligencia y el cumplimiento de la ley. Si bien algunas disposiciones específicas todavía no están muy claras, por ejemplo, los detalles sobre el cumplimiento o los requisitos de presentación, seguiremos monitoreando los nuevos avances para orientar a nuestros clientes a medida que se esclarezcan.

Si no sabe con certeza si las nuevas regulaciones aplican a su empresa o si tiene más preguntas, contácteme o contacte a su representante de Kaufman Rossin para solicitar ayuda.